Álvaro Uribe Entrega Colombia al Paramilitarismo

30Abr08

Alvaro Uribe en Mesa Privada con sus Mandos Paramilitares:

Video filmado por paramilitaries de una reunión privada de  Alvaro Uribe con sus líderes

Las fotos que siguen son tomadas de un video filmado por los mismos paramilitares el 31 de octubre del 2001 en preparación a la campaña presidencial de Alvaro Uribe.

Álvaro Uribe Entrega Colombia al Paramilitarismo

El presidente Uribe se jacta de que nadie y nada lo puede asociar con el paramilitarismo y ha encontrado tapones a todas y cada una de sus posibles conexiones con ellos. Los presidentes generalmente dicen lo que quieren que la gente piense, pero los hechos son el termómetro de la historia.

Todos los hechos apuntan no solo a la realidad de que existen conexiones entre el presidente Uribe y el paramilitarismo, sino peor aún a que él los ha promocionado, defendido y les ha dado todo el poder necesario que causó la existencia de la parapolítica, el legado histórico más importante de los dos gobiernos de Uribe.

El presidente Uribe no ha negado todavía que promovió el armamento de civiles como autodefensas contra las FARC. La prueba de estas acciones se compila gráficamente en sus gestiones alrededor de las Convivir. Al permitir y promover el armamento de civiles, el presidente Uribe justificó y oficializó la existencia de sicarios y mercenarios como agentes de terror contra la población civil. La creación e impulso de milicias ciudadanas es el cimiento de cualquier guerra civil. Solo después de los Convivir se desarrolló esta abierta guerra civil en el campo entre ciudadanos armados contra campesinos que simpatizaran o apoyaran a las FARC. La estrategia detrás del apoyo del hoy presidente Uribe a estas milicias era desconectar a las FARC de su apoyo logístico y aterrorizar a la población que intentara simpatizar con las FARC. Esto se hizo combinándolo con una guerra psicológica que creara un odio intransigente contra las FARC. La idea en su conjunto era aislar a las FARC de los campesinos, romperles su base social bajo la teoría de que sin el apoyo del pueblo a las FARC les quedaba imposible tomarse el poder.

El presidente Uribe tampoco ha negado públicamente todavía su lucha para que a los paramilitares se les llame autodefensas y no narco-terroristas. El presidente Uribe reserva el término narco-terroristas única y exclusivamente para las FARC, a pesar de que legalmente los paramilitares fueron declarados organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico, al igual que las FARC, por buena parte del mundo occidental.

El presidente Uribe se ha dedicado a atacar el narcotráfico manejado por las FARC, en un proceso que va desde el envenenamiento de la siembra de coca hasta la frustración del envío clandestino de droga a los mercados de consumo. Este énfasis inevitablemente ha favorecido fundamentalmente al narcotráfico de los paramilitares y al de la delincuencia común.

El presidente Uribe tampoco ha negado que sus llamadas autodefensas han servido a su gobierno para desplazar a las FARC de áreas de control territorial y en mantenerlas aisladas de su apoyo logístico. El presidente se ha referido familiarmente a sus llamadas autodefensas como los “muchachos” y ha insinuado que Colombia les debe un servicio invalorable.

El presidente Uribe ha divulgado sus principios a través de sus consejos comunitarios, la prensa y la televisión colombianas. Lo que ha hecho eco en un 90% de la población colombiana.

El presidente Uribe se ha aprovechado del hecho que los colombianos adolecen de una identidad formada alrededor de la legalidad y que en su ausencia usan las armas y la violencia para asegurarse de que sus ideas y su poder se mantengan.

El surgimiento del narcotráfico floreció en Colombia por la mentalidad generalizada de que no importan los medio sino los fines, y si hay alguna forma rápida de hacerse rico o mitigar la pobreza no hay ninguna razón para desecharla.

De esta manera la corrupción no atrapa la atención de los colombianos y menos aún de la política colombiana, por lo que la impunidad es la regla de la violencia y el crimen en Colombia, especialmente para toda la criminalidad a alto nivel. Y esa es la explicación fundamental del teflón del Dr. Alvaro Uribe y del que él se jacta con arrogancia.

El paramilitarismo fue creado por el gobierno colombiano, se estableció durante el gobierno del presidente Cesar Gaviria y recibió el impulso y el desarrollo inmediato del hoy presidente Uribe. El paramilitarismo recibió el entrenamiento militar del mismo ejército colombiano al tiempo que de peritos israelíes y estadounidenses y la amplia y generosa financiación de la empresa privada agro-pecuaria e industrial colombiana y de algunas multinacionales, principalmente estadounidenses. También recibió el apoyo de la Iglesia Católica que promulga el dogma de la extinción del comunismo aún contra la violación del quinto mandamiento, el cual no es aplicable a quienes descuarticen o desaparezcan a miembros de las FARC a quienes los apoyen e incluso a quienes simpaticen con ellos. El ampliamente conocido jesuita Alfonso Llano Escobar ha sido un vocero incansable de este objetivo de la Iglesia. No sorprende a nadie que muchos clérigos bendijeran las motosierras, los puñales, las ametralladoras y a los mismos paramilitares para que Dios los iluminara y les diera valor en sus acciones de exterminio humano.

Es importante recordar que las Convivir, justificación del paramilitarismo legalizado por el gobierno, no fueron creadas para la construcción de escuelas, puentes, carreteras y hospitales, sino exclusivamente para combatir al campesinado que apoyara o simpatizara con las FARC. Diezmar la base social de las FARC y su apoyo logístico fue la misión gubernamental del paramilitarismo. El Plan Patriota se encargaría de enfrentar directamente a las FARC, mientras el paramilitarismo enfrentaba a la población en una guerra civil maquinada desde el gobierno e impulsada desde sus principios por el hoy presidente Uribe.

La filosofía del paramilitarismo y la del presidente Uribe se compaginan perfectamente no por coincidencia, sino por el liderazgo que de estas ideas ha distinguido al Dr. Álvaro Uribe y que ha guiado a todos los paramilitares. El odio a las FARC es el elemento primario que une los corazones del presidente Uribe y de los paramilitares.

Apoyar la violencia armada ciudadana, como abiertamente lo hizo el dr. Álvaro Uribe, lo obligaba a hacerse responsable de sus abusos y consecuencias, no solo de sus éxitos. Impulsar una guerra civil es una gran responsabilidad frente a los derechos humanos y la paz de una nación.

El gobierno cuenta con instituciones para enfrentar problemas bélicos internos de los que se debe alejar completamente a la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas, es una de ellas. Una acción errada produce otras reacciones erradas como en una línea de dominós. Promover masacres de campesinos que apoyaran o simpatizaran con las FARC provocó la misma reacción de las FARC contra la población civil que apoyara al gobierno o simpatizara con él. Daños colaterales de lado y lado agudizarían la situación y la empujarían a un grado mucho peor.

Causar ese escenario es una responsabilidad muy seria por las vidas que implica no importa de qué bando sean. Los problemas bélicos deben dejarse en las manos profesionales del ejército y no en ninguna otra. Era predecible que ciudadanos armados y con objetivos no humanitarios estuvieran disponibles para asimilarse al crimen de una manera fácil e inmediata. No pensar en las consecuencias de las decisiones y solo vivir obsesionados de la desesperación por resultados inmediatos puede destruir estrategias contra un enemigo y agregar situaciones peores de las que se tenían originalmente.

Si la población civil se hubiera sublevado en armas era deber inmediato del gobierno, y del hoy presidente de la república, impedir una guerra civil y el escalamiento del conflicto armado. Esos civiles debieron desarmarse ipso-facto y ser invitados a formar parte del Ejército Nacional, creado para defender con las armas los derechos de todos los ciudadanos.

Fue inconcebiblemente grave que el gobierno colombiano y el dr. Álvaro Uribe no hubieran actuado de acuerdo a los principios de la democracia y el sentido común.

Ese estilo de desdén y desconocimiento de los principios del bien humano y de la democracia han caracterizado siempre al presidente Uribe. Su reciente violación de la soberanía del Ecuador, censurada unánimemente por todos los países latinoamericanos, es otra prueba más de la convicción del dr. Álvaro Uribe de que el respeto por la vida humana y la democracia no sirven. Los mismos Estados Unidos y los países europeos ven con preocupación y desconfianza la conducta criminal, desde el punto de vista democrático y humano, que el dr. Álvaro Uribe despliega en Colombia y por la cual ha logrado un 90% del apoyo de la población que vive en las ciudades principales y que se prestan a las encuestas.

Enderezar el país torcido que ha creado el dr. Álvaro Uribe es una tarea meticulosa, dura, pero necesaria y urgente.

La Corte Suprema de Justicia está desarrollando una labor heroica y encomiable en Colombia, que llena el vacío de principios morales y legal de los colombianos. Gracias a esta excepcional circunstancia y con las denuncias civiles que han sido oídas por organizaciones de defensa de los derechos humanos y por miembros del Congreso Colombiano que buscan la transparencia y el rendimiento de cuentas de las acciones del gobierno, Colombia tuvo la oportunidad de conocer y ha ido desenmascarando lentamente la red de relaciones entre el narcotráfico, el terrorismo paramilitar, la empresa privada y las ramas del poder en Colombia, principalmente el legislativo y ejecutivo a todos los niveles y el judicial a niveles municipales.

La estructura criminal en las instituciones de Colombia comienza a vislumbrarse y los defensores del crimen comienzan a culpar su colapso, y el de un gobierno colombiano impregnado hasta el tuétano de criminalidad, en la acciones de justicia y orden que ha iniciado la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

La crisis del la criminalidad en el gobierno ha llegado a tal punto que la desesperación de los implicados los ha llevado a divulgar la teoría de que el robo y el asesinato no es culpa de quienes lo cometen, sino de las cortes que los reconoce y los persigue. Es decir, si no hubiera cortes que aplicaran la ley, no habría nadie que dijera que hay parapolítica, robos y asesinatos y en consecuencia el robo y el asesinato serían impunes y aceptados como la vida diaria de los colombianos, exactamente como ha sido hasta ahora.

Una creciente minoría colombiana ve la necesidad de corregir lo más urgentemente posible esta situación anómala para prevenir futuros desmanes y parar la cronicidad de esta conducta de aquiescencia con el crimen en Colombia.

Una cultura sin consciencia de la prevención está condenada a vivir su disfuncionalidad de manera perenne.

Hablar de la criminalidad del dr. Álvaro Uribe pareciera de primer momento algo extraño, pero cuando se considera el hecho de que él realmente promovió el armamento de la población civil, que increíblemente ha justificado directa e indirectamente sus horrendas consecuencias y que a los autores de esos genocidios los considera legítimas autodefensas, que de manera impropia ha defendido a cada parapolítico del gobierno, que ha propuesto leyes que estimulan la impunidad y demeritan la justicia y que abiertamente y sin reservas se enfrenta al poder judicial, no queda la menor duda de que esa no es la conducta de una persona que respete la vida humana, que se rija estrictamente por los principios de la democracia, que defienda la justicia y que esté en capacidad de dar ejemplo de imparcialidad y devoción por lo justo, cualidades fundamentales para gobernar con responsabilidad un país donde la violencia no necesita estímulo.

No es de extrañar tampoco que el dr. Álvaro Uribe nunca haya considerado la importancia de la liberación de Ingrid Betancourt, la persona que puso el dedo en la llaga de Colombia, la corrupción.

Solamente Ingrid Betancourt se percató de la importancia de atacar las raíces de una mentalidad que arruinaría a Colombia y se lanzó como la única y principal líder contra la corrupción que haya existido en toda la historia de Colombia.

Su lucha fue impopular frente a la hábil producción de sofismas de guerra del hoy presidente Uribe. Y la carrera de Ingrid terminó cuando el gobierno le retiró su protección e Ingrid se encontró súbitamente en un territorio ella estaba convencida era controlado por el ejército. La débil raigambre de los colombianos en la lucha contra la corrupción hizo que ésta quedara simbólicamente enterrada con el trágico destino que sufrió Ingrid Betancourt, cuando terminó secuestrada por las FARC.

La liberación de Ingrid Betancourt era una prioridad nacional en el 2002 puesto que era necesario quitar de las manos de las FARC un símbolo tan importante para un futuro nuevo y para el bienestar de Colombia, había que evitar que las FARC la mantuvieran para internacionalizar el problema de su secuestro y había que plantear rotundamente que la negociación era una política del gobierno con resultados tangibles. La liberación de Ingrid Betancourt era uno de ellos.

Se requería una mente clara y previsiva que demostrara una negociación diferente a la del Caguán y que ante todo no escatimara ningún esfuerzo para lograr la liberación de Ingrid contra reloj. De no lograrlo el presidente pondría a Colombia en una posición de humillación y desventaja en el ámbito internacional, regalándole a las FARC ventajas políticas difíciles de controlar. Quitarle a Ingrid Betancourt antes de que las FARC pudieran planear futuras ganancias era el golpe certero que le cortaba los pasos.

Las FARC se dieron cuenta que la guerra estaba a la orden del día y se aseguraron dos ventajas, una la resistencia en la que ellas son expertas y dos retener a Ingrid para humillar al gobierno con la seguridad de que pasarían los años, como en otros casos, y el gobierno no lograría ningún rescate armado y menos aún aceptaría condiciones inocuas, pero que las FARC estaban seguras que el gobierno consideraría desafiantes. Lo desafiante era que las FARC mantuvieran a Ingrid.

Nadie en el gobierno de Uribe se percató de la estrategia de las FARC menos el presidente Uribe quien nunca ha salido de su obstinación ciega por exterminar a las FARC. Despejar Florida y Pradera ponía a las FARC contra la pared porque esa es prácticamente su única condición importante y ponerla fuera del camino les quitaba cualquier otra pretensión. Fuera de eso el gobierno tenía la mejor justificación para iniciar su campaña militar contra las FARC si ellas abusaban de los términos del despeje y no se lograba por lo menos la liberación de Ingrid en esa primera negociación.

Establecer un tire y afloje hasta lograr la liberación de Ingrid era también un precedente para lograr la liberación de los demás secuestrados y de poner a las FARC en la mesa de la negociación a pesar de su desconfianza.

Fortalecer los lazos de colaboración con los países vecinos era una tarea estratégica desde todos los puntos de vista económico, político y militar.

Toda forma de violencia del paramilitarismo y de las FARC debía ser repudiada por igual en aras de la concordia, la unión y la paz entre los colombianos.

No se necesita la ambicion de calentar una silla por más de cuatro años si todos compartimos el objetivo de enfocar nuestra atención en el estudio, la ciencia y el adelanto industrial y económico de Colombia y si este objetivo es implementado por nuestros líderes desde el gobierno. Gobernar un país es una carrera de relevos con una meta común y un esfuerzo personal de cada líder para darnos el triunfo a todos.

La Colombia que tenemos hoy es una incubadora del crimen. Pensemos que ya al concluir el segundo gobierno del dr. Álvaro Uribe los paramilitares habrán terminado sus condenas extremas de 8 años y con todo su poder acumulado y todas sus conexiones intactas pondrán todo el esfuerzo en garantizar que el narcotráfico y las ganancias de su industria del crimen queden protegidas y controlen las instituciones del estado para garantizar su impunidad y el apogeo de sus ganancias.

No se sabe si la ciega obsesión del dr. Uribe con las FARC ha sido otra de sus estratagemas para encubrir un hampa que cada vez se afianza más en Colombia y con la cual la familia del dr. Alvaro Uribe ha tenido íntimos lazos, tal como son los ya conocidos del padre del Dr. Uribe con Pablo Escobar o los de su hermano y primos con el narco-paramilitarismo. O quizá el dr. Uribe ve en el futuro del crimen una recompensa bien merecida para quienes con su autodefensa han salvado la patria uribista.

José María Rodríguez González

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