La Ley y la Política en Honduras

30Nov09

La Ley y la Política en Honduras

 

 

Constitución al Estilo Golpista

 

 

La ley siempre tiene la perspectiva de la interpretación, pero cuando esa interpretación llega al fondo, la ley siempre prevalece. Lo que ha sucedido en Honduras es que la interpretación ha sido solamente una, la de los golpistas anti-comunistas y de allí no ha pasado.

El presidente Zelaya se ha negado a tocar los cargos que los golpistas le crearon con el argumento de que no ha sido oído y que lo hará cuando lo sea. Aunque, esa sea una posición justa, legalmente, no lo es políticamente.

Zelaya se ha puesto en abierta desventaja legal con los golpistas y consecuentemente se ha atado un pesado grillo político en su contra.

Zelaya no le ha dado la importancia requerida a los argumentos legales en su contra por considerar esa posición improcedente, incriminante y defensiva, pero el golpismo ha usado ese silencio en contra de Zelaya y ha sostenido en argumentos legales la justificación del golpe militar, la militarización camuflada de Honduras y las elecciones militarizadas.  Ante esta ofensiva golpista de artillería legal, Zelaya no puede seguir con extremada confianza de sí mismo, porque la confianza que los golpistas han creado alrededor de su interpretación conveniente de la ley no puede simplemente ser aclarada con el silencio de Zelaya.

La Resistencia, por su parte, ha tomado la interpretación golpista de la ley muy a pecho y decidió no hacer ninguna ofensiva contra el golpismo y más bien arrinconarse en una cómoda posición defensiva de solo aguantar el aplastante peso del golpismo. Como consecuencia los golpistas pudieron demostrar que Honduras bajo el control golpista es pacífica como pacíficas fueron sus elecciones del 29 de noviembre.

La actitud faquirística de la Resistencia sigue la interpretación de la ley en la que se subraya que la oposición debe liderar la máxima pasividad posible y no crearle ningún conflicto de orden público al gobierno.  El art. 3, sobre la protesta popular, era de ignorarse.

Esta mentalidad de seguir la ley de acuerdo a la interpretación golpista fue la que prevaleció durante el llamado Acuerdo de Tegucigalpa/San José con el cual los golpistas lograron sentar un gobierno de unidad en sus términos.

El vacío legal desde el liderazgo de Zelaya hasta los peones de la Resistencia fue llenado con toda pompa por la interpretación golpista de la ley, que basada en implicaciones logró más de lo que aspiraba. Los golpistas le hicieron creer a Zelaya que el éxito del acuerdo dependía de él y de las concesiones que hiciera para lograr la paz y la unidad de los hondureños…en todo esto faltó enfatizar que esa paz y esa unidad era una aceptación indiscutible del control golpista.

  1. Sin ninguna exigencia de corregir la violación constitucional que cometieron las Fuerzas Armadas al expulsar al presidente Zelaya, tomando una posición decisoria y no ejecutoria como lo ordena la ley y el código militar, el lado de Zelaya simplemente dejó impune la acción de las Fuerzas Armadas, el golpe militar mismo, la camuflada  militarización de Honduras y la militarización de las elecciones. La Constitución del 82 precisamente le quita a las Fuerzas Armadas cualquier posición decisoria y este precedente que se le permite impunemente a las Fuerzas Armadas rompe totalmente con el principio y objetivo de la Constitución hondureña.
  2. Las sanciones a Honduras provenían del golpe militar. Este concepto y demostración del golpe militar debería estar presentes en el Acuerdo con énfasis, y ningún levantamiento de las sanciones podría  aceptarse sin que el golpe militar fuera rechazado en el Acuerdo. El Acuerdo era para restablecer el estado de derecho en Honduras que garantizara la paz y la unidad de los hondureños, no para legalizar al gobierno golpista.
  3. La presencia del presidente Zelaya en territorio hondureño echaba por el piso la ausencia absoluta, un punto clave de la justificación golpista de su gobierno,  y con el reconocimiento de los golpistas de que la expulsión del presidente Zelaya fue ilegal y anticonstitucional la corrección de esta irregular era una condición prioritaria antes de cualquier Acuerdo.
  4. Con campante ignorancia legal el lado de Zelaya aceptó eliminar su propuesta  de la Constituyente, dejando entrever que fue un error y por lo tanto reforzaron la tesis golpista de que proponer esa Constituyente era completamente ilegal y hacía de Zelaya un criminal contra la nación.  En realidad, proponer la Constituyente fue completamente legal, y como no existe ninguna propuesta clara de eliminar ningún artículo pétreo, realmente no existe nada ilegal con que acusar a Zelaya.
  5. Respetar la Constitución y las leyes internas de Honduras exige definir con toda claridad qué establece la Constitución y las leyes hondureñas en este caso, cómo se han cumplido esas leyes y si realmente se ha seguido la Constitución o no.  ¿Es constitucional hacer una encuesta? ¿Si la encuesta dice si o no en qué se modifica el gobierno? ¿si el voto no es por ninguna Constituyente en qué cambia la Constitución? ¿Si la encuesta no reelige al presidente Zelaya cómo puede probarse sin lugar a dudas la violación del art. 239? Sin una respuesta clara a estas preguntas, entre otras, no existe ningún acuerdo sobre lo que se va a respetar. Pero deja clara la implicación de respetar la interpretación golpista de la ley y la Constitución que militarmente rige actualmente en Honduras.
  6. El lado de Zelaya aceptó con plena ingenuidad legal que las elecciones debían realizarse y que observadores  nacionales e internacionales deberían ser invitados, confirmando la legalidad de las elecciones. Algo que desesperadamente necesitaban los golpistas para consolidarse en el poder y quedar impunes de cualquier delito.
  7. Legalmente, al aceptar el 27 de enero del 2010 como fecha improrrogable para el traspaso del gobierno, sin aclarar cuál gobierno, reconocería otra vez implícito que sería el gobierno de Micheletti, al tiempo que la restitución del poder legítimo quedaba por fuera del Acuerdo.
  8. El lado de Zelaya reconoció legalmente al gobierno golpista como el gobierno legal de Honduras al aceptar las instituciones controladas por los golpistas y aceptar el presupuesto general  presentado por los golpistas al Congreso, con lo que el gobierno golpista demostraba su ejercicio de poder y gobierno.
  9. La dirección del gobierno de unidad quedaba en manos de Micheletti, otra vez de-facto, porque el lado de Zelaya, viviendo en la luna legal, aceptó que no era importante y que enturbiaría el acuerdo si se hacía una discusión práctica sobre quien estaría al frente del gobierno de unidad.
  10. El lado de Zelaya le da plena autoridad al Congreso por décadas controlado por Micheletti, que nombró a la actual Corte Suprema y que, sin tener ninguna obligación de restituir el poder legítimo de Zelaya, jamás iría a retractarse y contradecir la credibilidad de la Corte Suprema.
  11. Las Comisiones de Verificación y Verdad quedaron como decoración de confianza del Acuerdo al no poseer un solo parámetro de qué era lo que iban a verificar o un indicio de los aspectos de la verdad que les incumbía. ¿Verificar que los golpistas mantuvieran todo el control de Honduras? ¿La Verdad de que la Constitución acepta y aprueba golpes militares?

La desatención a la contraparte legal por parte de Zelaya y quienes comprendieron que su restitución era pieza ineludible para el restablecimiento del estado de derecho en Honduras y de que su rápida y apropiada ejecución tiene efectos políticos en Latinoamérica, solo muestra un desprecio por la ley que injustamente le ha dado y le seguirá dando la razón a los golpistas.

José María Rodriguez González



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  1. 1 comprensión

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