Panamá interviene en la justicia de Colombia y deja evidente la culpabilidad de Álvaro Uribe

25Nov10

 

 

 

 

Uribe salva sus criminales

Panamá interviene en

la justicia de Colombia

y Álvaro Uribe avanza

en su inculpabilidad



Un asilo ilegal

María del Pilar Hurtado, alta ex funcionaria colombiana nombrada por Álvaro Uribe, que está obligada a rendir cuentas ante las autoridades de Colombia por un gran número de delitos comunes y de lesa humanidad cometidos cuando fue la directora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la agencia central de inteligencia colombiana bajo la autoridad de Uribe.

Las pruebas contundentes de conocimiento internacional demuestran a todas luces que la Hurtado está siendo investigada por violación de los derechos humanos con el agravante de delitos comunes como concierto para delinquir, interceptación ilegal de comunicaciones, abuso de la función pública y falsedad en documento público.

Los delitos investigados por la justicia colombiana incluyen la explotación sexual y la denigración humana cuando María del Pilar Hurtado ordenó a una subalterna, agente del DAS, a tener sexo con el capitán de la guardia de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de lograr un espionaje ilegal de los magistrados de la Corte.

La conducta de la designada personalmente y defendida por el ex presidente Uribe, María del Pilar Hurtado, es abyecta, repulsiva, depravada y viola descaradamente los derechos humanos.

Las normas internacionales de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento por encima de la ley y de la constitución de cada país, y se aplican sin excepción a todos los que sean o hayan sido funcionarios del estado.

Ninguna persona responsable de violación de los derechos humanos puede recibir asilo. Menos se puede sabotear una investigación de tal índole.

No existe ninguna evidencia de que la señora Hurtado sea perseguida por algún partido político, o por alguna política de gobierno.

De acuerdo a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967, el asilo político se concede cuando hay persecución política, y el asilo territorial cuando la persecución es de parte del estado. La Corte Suprema de Justicia no es el estado colombiano, es solo la autoridad máxima del poder judicial. De acuerdo a la ley internacional el asilo dado a María del Pilar Hurtado no tiene fundamento legal, porque no existe ninguna evidencia de que el estado colombiano haya perseguido a la Sra. Hurtado. La Corte Suprema de Justicia no tiene nada que ver con su caso y si algunos de sus miembros han sido víctimas de los crímenes realizados por la Hurtado desde la jefatura del DAS no lo pueden negar. El caso de María del Pilar Hurtado, cuando esté listo, tampoco será juzgado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sino por la Sala Penal. Si los magistrados víctimas de las chuzaDAS llegan a ser una mayoría de la Sala Penal que afecte cualquier decisión, entonces, podrán declarase impedidos, como también la Sala Penal lo hizo en el caso del ex Ministro del Interior Sabas Pretelt nombrando jueces ad hoc. Ningún trámite de impedimento de los magistrados puede adelantarse hasta cuando el caso llegue a la Sala Penal. Es importante anotar que en el momento de la solicitud de asilo y en el momento actual solamente la fiscalía está a cargo de ese caso y nadie más.

El especulativo asilo territorial otorgado a Hurtado es una interpretación de la Ley 43 de 1957, con la que Panamá se unió a la Convención sobre Asilo Territorial. La decisión fue complementada por el artículo 23 de la Ley 3 de 2008 que protege a los extranjeros asilados de acuerdo a los tratados internacionales que ha firmado Panamá, pero esta misma Ley 3 de 2008 en su artículo 141 deroga el artículo 42 del Decreto Ley 16 de 1960 y los Decretos de Ley 13 de 1965 y 38 de 1966, que precisamente son los artículos y las leyes invocadas por el decreto Ejecutivo No. 301 del 19 de noviembre del 2010 con el cual el Presidente Ricardo Martinelli, con firma de su Ministro Encargado de Relaciones Exteriores, le otorgó asilo a María del Pilar Hurtado. Al sustentarse en artículos anulados el Decreto Ejecutivo  No. 301 firmado por Martinelli se vuelve insuficiente, anómalo e inválido.

Si el estudio exhaustivo del gobierno de Martinelli no incluyó la estratagema de encubrimiento de la ya tácitamente declarada culpabilidad de Hurtado, y si la embajada panameña en Bogotá nunca corroboró estos hechos, que forma parte del trabajo de una embajada en otro país, entonces el gobierno de Martinelli no tiene ningún argumento sustentable para ese asilo. Este asilo es nulo e ilegal.

De esta manera Martinelli violó las normas internacionales de los Derechos Humanos, se convirtió en cómplice de la Hurtado y estampó su firma para que ella termine de prófuga.

Con esa desafortunada decisión, el gobierno de Martinelli mostró un desconocimiento de los protocolos diplomáticos internacionales, de las mínimas normas éticas de respeto a la justicia e invalidó su propia credibilidad, con un asilo en el que la beneficiada no tiene amenazas contra su vida, está siendo protegida por un gobierno uribista y es uribista. No existe ninguna razón válida para ningún tipo de asilo.

La ilegalidad cometida por el gobierno de Martinelli se extiende a la intervención ilegítima en los asuntos de la justicia colombiana, imponiendo su autonomía soberana para truncar un importante proceso judicial interno de Colombia. El gobierno de Martinelli cometió una flagrante obstrucción de la justicia, calificado como delito grave cometido por un individuo u organización.

El argumento de que los miembros de la Corte Suprema de Justicia  van a condenar a Hurtado, simplemente porque son sus víctimas, establece una ignorancia del proceso  y un claro reconocimiento de culpa a priori por parte de Hurtado, en primer lugar. Y en segundo lugar, irrespetando abusivamente a las instituciones de Colombia, supone que la apelación, el recurso, la tutela y todas las garantías de defensa que la ley colombiana ofrece a los condenados estarían prohibidos para Hurtado. ¿Cuándo sucedió todo eso?

Aceptar el sofisma de que la Corte Suprema de Justicia  es de las FARC y está en contra del uribismo convertiría el asilo dado por el gobierno de Martinelli a Hurtado en una evidente intervención política ilegal en los asuntos internos de Colombia.

Varios miembros de la Corte Suprema de Justicia fueron víctimas de espionaje del DAS y ahora tienen que ver que uno de los otrora victimarios y la ahora incriminada, pide y recibe asilo. Ese asilo es un sinsentido. Nadie ha librado una orden de captura contra Hurtado ni medida de aseguramiento, nadie restringió ninguna de sus libertades, incluyendo la de movimiento que la llevó a Panamá y nadie la amenazó de muerte. Y sin tener todavía ningún cargo en su contra decide asilarse en Panamá por sugerencia de Uribe, su antiguo jefe.  No existe ninguna razón para que Hurtado salga a pedir asilo en ningún país y menos con argumentos falsos y dañinos contra Colombia como los que ella expuso y luego aceptó con cinismo.

El país otorgante debe evitar ser timado por delincuentes y mucho menos favorecer a presuntos criminales.

 

Un asilo absudo

El asilo de la Sra. Hurtado no puede responder a ninguno de sus intereses como funcionaria ¿No sería del propio interés de la Sra. Hurtado ayudar en la investigación de las chuzaDAS con valor, mostrando convicción por las decisiones tomadas, si es que fueron decisiones propias, y dejar una huella de transparencia y honestidad  como se espera de alguien que ha ocupado un cargo tan sensible como es el de la inteligencia sobre los colombianos?

La Sra.Hurtado estaba en proceso de investigación penal en el que una persona que no la debe no la teme. La Sra.Hurtado actuó como si previera que su culpabilidad sería inocultable y que sólo huyendo se salvaría.

Piedad Córdoba tiene incontables amenazas de muerte, pero la Sra. Hurtado no tiene ninguna de esas amenazas contra su vida. ¿Cuál fue el estudio minucioso que hizo el gobierno de Martinelli para concluir que la vida de la Sra.Hurtado estaba en peligro si la embajada de Panamá en Bogotá no hizo investigación alguna? La guerrilla no podría estar interesada en asesinar a Hurtado, porque sería como quitarle de encima a Uribe  el riesgo de una testigo que tarde o temprano podría caer, por una contradictoria y débil defensa  que terminaría desenmascarándolo.

En Colombia asesinar testigos es un procedimiento rutinario que se utiliza para preservar la impunidad, pero Hurtado alega no ser testigo de nada y no tiene la más mínima intención de decir algo. Junto al ex presidente Uribe es la persona que nunca va a decir  esta boca es mía. Ella dice nunca haber sabido nada de las chuzaDAS, y que lo poquito que ha sabido de ellas es por la prensa. No existe ninguna razón para asesinarla porque ella no tiene la intención de confesar absolutamente nada. Por ningún lado su vida ha estado en peligro. Al contrario, todos la prefieren viva.

Tampoco existieron quejas de parte de Hurtado sobre las garantías legales y de seguridad personal de las que gozaba mientras era investigada por el uso criminal del servicio de inteligencia, bajo su administración, contra el Poder Judicial y la oposición política.  Siendo Hurtado una uribista, que trabajaba para un gobierno uribista y nombrada directamente por el mismo Uribe, es  absurdo, desde todo punto de vista, que sea ella quien culpe al DAS, la Seguridad Democrática y al gobierno dominantemente uribista de ser incapaces de garantizar su seguridad y sus derechos ante la ley.

Es asombroso que Hurtado no proteste ante el gobierno de Panamá, cuando la argumentación oficial de éste es humillante para un gobierno uribista como el de Santos y para Colombia.  Si el gobierno de Martinelli no confía en Colombia ni en su gobierno en lo que se refiere a la seguridad de Hurtado, quiere decir que está confirmando ante el mundo la desconfianza que por años la comunidad internacional ha tenido por Colombia y que ha ocasionado perjuicios a los intereses  de los colombianos.

Esta desconfianza ha sido compartida de extremo a extremo. Las FARC desde hace mucho tiempo mantienen un número desmesurado de secuestrados por el tiempo que quieren o pueden, demostrando que el estado colombiano es incapaz de proteger a sus ciudadanos y que no hay seguridad en Colombia. Y son precisamente las mismas razones que invoca Estados Unidos para alertar a sus ciudadanos sobre la inconveniencia de viajar a Colombia.

 

La inculpabilidad de Álvaro Uribe

Sólo un acentuado egoísmo, una desconfianza pública hacia el uribismo y una falta total de respeto por Colombia puede justificar el hecho de que Hurtado permita que el gobierno de Martinelli ataque y empeore la reputación y el honor de Colombia con una decisión tan dañina para los colombianos. Pareciera increíble que el cumplimiento de esta acción de Hurtado provenga de una sugerencia de Uribe.

El egoísmo de Hurtado produce repulsión. Y queda sobre la mesa la pregunta: ¿Qué temor tan poderoso pudo tener el ex presidente Uribe para sugerir una acción tan precipitada, descabellada, denigrante y anticolombiana como la que él le sugirió a Hurtado?

La sugerencia del ex presidente Uribe atenta, incluso contra su propio estandarte, la Seguridad Democrática. El asilo a Hurtado corrobora la veracidad de los reclamos de periodistas, líderes sindicales y políticos de la oposición sobre la falta de garantías para el ejercicio de sus derechos y  de respeto a la vida que existe en Colombia.

Ahora esos reclamos han cobrado un nuevo valor. Si una funcionaria de alto rango del gobierno uribista, nombrada por el mismo Uribe acepta el argumento del gobierno de Martinelli de que Colombia no puede garantizarle su seguridad, ¿qué seguridad han tenido quienes están fuera de ese círculo y que el mismo Uribe, quien comanda el DAS de manera exclusiva y directa, ha calificado como sus enemigos?

La pregunta que surge es ¿Qué hizo que el gobierno de Martinelli, en lugar de desmentir lo demostrado por las FARC, negando el pedido de asilo de Hurtado, confirmara lo que éstas ya habían demostrado? Si se observa quiénes ganan y quiénes pierden se puede dar respuesta a esa pregunta.

Al tener asilo territorial en Panamá la señora Hurtado goza de libertad  y la investigación de las chuzaDAS en Colombia queda fracturada. El implicado principal es el ex presidente Uribe, quien nombró a la Sra. Hurtado y a los directores del DAS, algunos de ellos ahora en la cárcel o investigados por sus actividades criminales. El DAS es la agencia central de inteligencia de Colombia bajo el mando exclusivo y bajo la primera línea de poder de la presidencia, que entre el 2002 y el 2010 estuvo bajo la  total responsabilidad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

El único responsable es el ex presidente Uribe, tanto de los nombramientos como de su negligencia frente a las actividades de sus designados como por el estímulo a las actividades criminales que éstos ejercían y que diariamente le reportaban a él, según los testimonios dados por algunos de los mismos miembros del DAS que fueron interrogados.

El hecho de que no sea uno solo el director delincuente nombrado  por Uribe para el DAS, y que todos ellos de alguna forma hayan sido inculpados, elimina cualquier duda sobre la intención, la autoría o la responsabilidad criminal de Uribe. Si esos nombramientos no fueran razón suficiente para incriminar al ex presidente Uribe, su intento de sacar a sus colaboradores del país en medio de investigaciones criminales muestra, sin lugar a dudas, una evidente protección, estímulo y complicidad con sus crímenes. El presidente Uribe había logrado anteriormente sacar del país a su primer director del DAS, Jorge Noguera, nombrándolo cónsul en Milán para protegerlo de la investigación que se adelantaba en su contra. Pero fracasó en su primer intento de sacar a María del Pilar Hurtado, cuando Suiza le negó su acreditación como embajadora de Colombia en ese país. Ese objetivo pendiente de Uribe se materializó gracias a la intervención de alto nivel del gobierno de Martinelli.

Los sindicalistas, periodistas y líderes de la oposición asesinados y  demás damnificados en su reputación y funciones (hostigamiento que se considera tortura) por el espionaje ilegal, o chuzaDAS, testimonian crímenes que rayan en la lesa humanidad. Lo que el gobierno de Ricardo Martinelli, presidente de Panamá, nunca tuvo en cuenta fue que, como en el caso de las FARC, asesinar es un delito común aún cuando se realice por motivos políticos. ¿Convendría cambiar esas reglas del juego?

 

La afinidad de conducta de Ricardo Martinelli con Álvaro Uribe

El 23 de enero pasado el presidente Uribe visitó Panamá para consolidar diferentes negocios bilaterales y desde entonces quedaron muy claros los lazos de identidad de conducta y de camaradería personal con el presidente Ricardo Martinelli.

Muchas de las andanzas del círculo cercano al ex presidente Uribe son conocidas, pero no tanto las del presidente Martinelli, quien ha convertido a Panamá en una sucursal más de su cadena de supermercados Super 99, y ha sacado de allí a los famosos Directivos Ejecutivos de Negocios que conforman su gobierno.

 

El círculo criminal de Martinelli


El colombiano David Murcia Guzmán, el de DMG, ha financiado a políticos amigos de Martinelli y quizá al mismo Martinelli.  Murcia no solo financió a esos políticos sino que además concedió entrevistas en medios gubernamentales de Panamá dándoles su apoyo. Murcia entró a Panamá también por una “soberana” decisión del gobierno panameño. La influencia de Murcia y de los paramilitares colombianos en Panamá, al igual que la de estos últimos en Honduras y en el Congreso hondureño es tan importante, que el lavado de dólares se hizo a través del consorcio del cual era copropietario Ramón Martinelli, primo del actual presidente panameño, y de quien fue asesora jurídica Alma Cortés, la hoy Ministra de Trabajo de Martinelli. El Ministro de Gobierno y Justicia de Martinelli, José Raúl Molino, ha tenido relaciones con los temidos criminales “Zanahoria” y “Cholo Chorrillo (ambos  asesinados después de conocerse unas fotografías con Molino) y Pedro Antonio Solís De la Cruz, miembro del cartel de Sinaloa de Méjico. Las relaciones de los Martinelli con el sanguinario cartel de los Beltrán Leiva de Méjico y con el narcotráfico en Honduras han sido también conocidas.

No sorprende que el gobierno de Martinelli haya resuelto este asilo a alto nivel sin intervención de su embajada en Bogotá para verificar lo que le haya presentado la Sra. Hurtado, sólo para darle una mano al ex presidente Uribe que es el más beneficiado, si se tiene en cuenta la colaboración que existe entre ambos presidentes. Uribe también tiene un socio y primo delincuente, Mario Uribe, quien les robaba sus tierras a los campesinos con la ayuda de los paramilitares. Concederle protección y libertad a la Sra. Hurtado, como a cualquier otro personaje asociado al ex presidente Uribe, empezando por sus  propios hijos que mantienen importantes negocios en ese país, era algo previsible.

Panamá además, es considerada la Suiza de la delincuencia latinoamericana en manos de un gobierno derechista, donde desde los hijos del ex presidente Uribe, David Murcia, los políticos corruptos hasta los narcotraficantes y paramilitares toman vacaciones, hacen negocios libremente, estudian planes que ejecutan en otras partes, y donde los dineros se lavan con facilidad.

El gobierno de Martinelli intenta darle impunidad a la Hurtado y hacerlo coincidir con su lema de campaña. Primero: la lucha contra la impunidad (Ricardo Martinelli 2009-2014).

 

Martinelli y su carnal Uribe


Las argumentaciones del gobierno de Martinelli son un engaño, este asilo es solo un encubrimiento de la culpabilidad de Uribe. Para la mayoría de los colombianos, muchos medios de comunicación, personajes políticos y hasta para la jerarquía eclesiástica de Panamá ese asilo concedido a Hurtado no tiene sentido y es innecesario.

 

Martinelli interviene en la justicia de Colombia

Sin ningún argumento sustentable para ese asilo lo que el gobierno de Martinelli ha hecho es imponer su intervención en un país autónomo para obstruir  una investigación penal.

Se dice que el ladrón juzga por su condición. Para protegerse de cualquier indagación posible contra su administración Martinelli nombró dos de sus amigos delincuentes más cercanos como miembros de la Corte Suprema de Justicia, contra la voluntad de la ciudadanía. Uno fue José Abel Almengor, su Secretario de Seguridad y quien tuvo que renunciar a su puesto de Fiscal anti-drogas para evitar la investigación interna en su contra por entorpecer la orden que impediría la salida de Ernesto Chong Coronado, conocido lavador de dinero y consejero de David Murcia. El otro fue Alejandro Moncada, quien fue botado de la difunta Policía Judicial Técnica en el 2000 por gravísimas violaciones éticas. Esa es la idea que Martinelli pone en práctica de acuerdo a lo que él considera que debe ser una Corte Suprema de Justicia. Así no es la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Hay Cortes Supremas corruptas y politizadas como la de Honduras que quitaron a un presidente para evitar la interferencia de Chávez, lo que sumió a Honduras en el aislamiento, con serias limitaciones de recursos y al arbitrio de una violencia y crimen nunca vistos.  El gobierno de Estados Unidos les canceló la visa de entrada a todos los miembros de esa Corte corrupta.

La Corte Suprema de Justicia  de Colombia ha sido acusada políticamente de corrupción, pero ha logrado valerosamente imponer el balance de la justicia y cuenta con el apoyo irrestricto del gobierno de los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ejerce estrictamente su deber sin satisfacer a los fanáticos anticomunistas que con sus discursos artificiosos solo buscan encubrir a los criminales anticomunistas que los lideran, poniendo su ideología por encima de la justicia.

Como Uribe, quien en lugar de reprender y castigar él mismo a cualquiera de sus socios que intentara o haya violado la ley, lo que hizo siempre fue legitimar con su ejemplo el ultraje a la Corte. La Corte es la institución que protege el ejercicio responsable de la libertad y de los derechos de cada colombiano. Sin las Cortes la nación sería una tierra sin ley.

Gracias a irresponsables defensores del crimen que como Uribe atacan las investigaciones penales y a las Cortes, es que la corrupción, el abuso del Agro Ingreso Seguro,  préstamos a cambio de aportes a la campaña que ejecutó el Banco Agrario, la conversión de la Dirección Nacional de Estupefacientes en el parque de diversiones de la mafia, el quitarles tierras a los campesinos para dárselas a los narcos como hizo Incoder, contratos a dedo como los de Fondelibertad, el poder parapolítico de Inpec, la feria de puestos y contratos de la Dian, el bazar de títulos mineros de Ingeominas, las concesiones sin estudios previos del Inco, el uso de las notarías como prebendas, los falsos positivos, los verdugos de la mano negra de las chuzaDAS del DAS, la parapolítica, y demás legados criminales del gobierno de Uribe florecen y se reproducen en la criminalidad que  desprestigia a Colombia.

Las Cortes se respetan y sus fallos se acatan, y sus errores se corrigen recurriendo a las instituciones y a los recursos creados para ese fin en el respectivo país.


Un acomodado anticomunismo

A los panameños al igual que a los colombianos, no les importa elegir a criminales de presidentes si les prometen acabar con el comunismo. En el país del Sagrado Corazón, Colombia, el crimen es un aliado, no un enemigo de los anticomunistas. Hasta los mismos sacerdotes cometen sus crímenes a lo escondido.

Las gentes politizadas no ven esta realidad tal y como es. Si alguien tiene un proceso penal de investigación sobre sus espaldas, ese proceso no debe obstruirse interna ni externamente. No es un problema de izquierda o de derecha, de comunismo o de anticomunismo. Es  la aplicación normal de la justicia.

Las chuzaDAS son  delitos de lesa humanidad cuyo juzgamiento nada tiene que ver con politización; son conductas criminales que toda la sociedad debe impugnar y rechazar. En Colombia como en toda Latinoamérica los criminales que defienden la corrupción y a la minoría usurera en el poder protegen esas conductas criminales de los que son sus líderes, llamando comunista a cualquier persona o institución que intente desenmascararlos.

Hay que tener en cuenta que ese tal anticomunismo es solo una máscara del crimen organizado enraizado en los gobiernos latinoamericanos que buscan eternizarse con desesperación.

Si la ideología política se impone sobre la justicia, los efectos son devastadores para la vida civil de la nación. Las consecuencias de un asilo politizado para proteger la impunidad serán contraproducentes e internacionalmente muy problemáticas para el país otorgante.

 

Ese asilo denigra a Panamá

Para encubrir a Uribe, el gobierno de Martinelli cometió un grueso error y decírselo es ayudar a Panamá. Si la Sra. Hurtado reúne las condiciones de asilo, eso pone en evidencia lo laxo de esos requisitos y que la circunstancia de ser investigado por la justicia no tiene ninguna consideración ni valor de parte del gobierno de Martinelli. ¿Qué se puede pensar entonces del valor que tiene en Panamá su propia justicia? El gobierno de Martinelli le confirmó al mundo su gran tolerancia con el crimen y su desprecio por las investigaciones de crímenes contra los derechos humanos. Desvergonzadamente, Martinelli echó por el piso cualquier intento de lucha contra la corrupción, volvió añicos los principios de la transparencia de gobierno y desconoció la preponderancia del Estado de Derecho tanto en Panamá como en Colombia.

A pesar de que bajo ningún concepto el asilo debe concederse a quienes han cometido delitos comunes, el país que concede el asilo tiene autonomía soberana para decidir si esos delitos alegados son o no comunes. Aunque el asilo es un derecho soberano e irrevocable del Estado que lo otorga, al concederlo se estableció  el grado de aquiescencia con el crimen y de desdén por los derechos humanos.

La decisión del presidente Martinelli y la de su gobierno fueron totalmente irresponsables al desconocer el proceso judicial de Colombia y al inferir que el presidente Santos y su gobierno no tienen control de la situación colombiana ni disponen de la capacidad de proteger la vida de la Sra. Hurtado. Los colombianos y panameños que quieran hacer respetar a sus países deben exigir que el gobierno de Martinelli se excuse por tratar a Colombia de república bananera y por acusarla de una crisis de estado que no existe. Y los colombianos deben exigir respeto por Colombia, por sus instituciones y por la capacidad que los colombianos tienen de afrontar sus propios procesos, incluidos los de la justicia.

Con este ilegal asilo territorial a la Sra. Hurtado, el gobierno de Martinelli terminó dándole la razón a las FARC, algo que debió evitar al máximo, y abrió un precedente mundial negativo contra la seguridad democrática en Colombia y contra la capacidad de protección de sus ciudadanos por parte del gobierno.

El presidente Santos, la Cancillería y el Poder Judicial colombiano deben pedir inmediatamente la rectificación y anulación de ese asilo ilegal si es que quieren evitar nuevos asilos de fuga a la justicia, prohibir la salida del país a los investigados, especialmente de quienes gozan de los favores del ex presidente Uribe, si quieren salvar lo que queda del nombre y el  prestigio internacional de Colombia.

La abusiva intervención política y la obstrucción judicial ejercida por el gobierno de Martinelli son inaceptables para una nación soberana como Colombia  y si el gobierno de Martinelli no repara el daño y la improcedencia cometidos se hace necesaria la intervención de instancias internacionales que la ayuden a resolver este grave problema.


José María Rodríguez González





One Response to “Panamá interviene en la justicia de Colombia y deja evidente la culpabilidad de Álvaro Uribe”

  1. Everything is very open with a clear explanation of thhe issues.
    It wass really informative. Your site is extremely helpful.
    Thqnk you for sharing!


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s


A %d blogueros les gusta esto: